IDEAS

En el marco del proceso de reformas estructurales impulsadas por el Gobierno Nacional, comenzó a tomar fuerza la idea de una inminente modificación del sistema tributario, en torno a la atribución y recaudación de los ingresos de los distintos niveles de gobierno. En declaraciones a los medios y, de manera más formal, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, tanto el presidente como varios de sus ministros dejaron entrever incluso que el cambio no
pasará de este año. Sin embargo, aún no se ha presentado proyecto de ley alguno en
tal sentido. Por ahora, sólo existen declaraciones públicas con “mucho ruido” pero pocas señales claras, tal como nos tiene acostumbrados este gobierno nacional, sin marcar hacia dónde se pretende ir, mientras tanto en el centro del debate, puesto cada vez con más fuerza por los gobernadores, flota una cuestión estructural: la coparticipación
federal de impuestos.
Argentina posee un sistema tributario atípico, distorsivo y regresivo que penaliza la producción, el trabajo y las exportaciones con impuestos, mientras que como contrapartida recauda poco sobre ingresos y patrimonios, poniéndose no solo a contramano de los países de la OCDE, sino también de nuestros propios vecinos latinoamericanos, por eso, necesitamos avanzar en su modificación.
Pero necesariamente cualquier reforma tributaria integral y federal debe contemplar el cumplimiento del mandato constitucional de 1994, cuando se incorporó el artículo 75 inciso 2 que ordena sancionar
una nueva ley convenio de coparticipación federal y crear un organismo fiscal federal que controle la recaudación y distribución de los recursos. Toda modificación en este terreno debe hacerse con ese marco institucional en mente y en la mesa que corresponde: la que conforman la Nación, las provincias y la CABA.
En enero, en medio de una nueva disputa con el sector agropecuario por las retenciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, sentó el tono del debate:
“Vamos a hacer siempre el mayor esfuerzo por bajar impuestos, pero sin comprometer la estabilidad macroeconómica. A las provincias y municipios les digo que están cordialmente invitados a esta tarea.
Todavía no hemos visto una provincia reducir Ingresos Brutos, sin lugar
a dudas el peor impuesto que una economía puede tener.” (CONTINUARÁ)